PARO NACIONAL AGRARIO, EXIGIBILIDAD Y REIVINIDICACIÓN DE NUESTROS DERECHOS CAMEPSINOS

En Colombia, donde la pérdida de soberanía alimentaria es nuestra realidad. Un país que puede alimentar su población y generar excedentes para alimentar a otras, tiene desde el 2010 la necesidad de asistencia exterior para abastecerse de alimentos. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, 2010). Esto se explica por qué en el mundo y en el país se fomenta “un sistema agroalimentario que no alimenta” por cuanto esto se sustenta  en la maximización de las ganancias en lugar del derecho a la alimentación (Ordoñez, 2012).

Algunos estudios realizados sobre los impactos del TLC (USA – Colombia) muestran que no es visible bajo qué condiciones se pueden ver beneficiados los productores de la economía campesina, ya que se afecta la producción de cereales (arroz, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo y trigo), leguminosas (frijol y arveja), hortalizas (tomate, cebolla y zanahoria), papa, algodón y actividades pecuarias como carnes de pollo y cerdo, lo cual significará que el campesinado pierda en promedio el 10,5% de sus ingresos y un 28% de estos perderá entre el 31 y el 45% de sus ingresos. (Garay, et al.2010; Universidad de Manchester, 2009).

Nuestro campesinado es el responsable del sostenimiento y la producción del país, la ciudad y la vida  urbana de Bogotá. Los pequeños y medianos productores cultivan más del 60% de los alimentos consumidos por los bogotanos; sin embargo aun cuando, es decir “los hogares campesinos son el 12% de los hogares del país, es decir, cerca de 1.400.000 hogares, aproximadamente 6 millones de personas” y que “de cada 100 hectáreas en actividad agropecuaria, 33 hectáreas son dedicada a la economía campesina”, en Cundinamarca un 49% del área agropecuaria es campesina y un 51% es empresarial, en Boyacá el 80% del área agropecuaria es campesina y un 20% empresarial, en el Tolima el 40% del área agropecuaria es campesina y un 60% empresarial, y en el Meta un 11% del área agropecuaria es campesina y un 89% es empresarial (Rodríguez, 2012, p. 1, 7-9, según datos del Censo General 2005 y de la Encuesta Agropecuaria 2005). Añadiendo un sistema alimentario dependiente de los mercados internacionales de alimentos y tecnologías agropecuarias generando un “desabastecimiento programados”. Los precios internacionales de los alimentos han aumentado entre el 50% y el 200% (Fajardo, 2011).

Ahora bien frente a la colonización de la nueva globalización económica y cultural, desconoce totalmente las comunidades asentadas con historia propia,  sentido de identidad colectiva y pertenencia territorial. Las políticas anti campesinas y no alimentarias no son más que la expresión del modelo de desarrollo modernizante en el que prima lo urbano sobre lo rural, lo empresarial sobre lo campesino y popular, la especialización sobre la diversidad, el trabajo sobre el trabajo familiar, la propiedad privada sobre la colectiva, y la subordinación sobre la autonomía.

Es así como el sector campesino y popular mantienen la recuperación del control social sobre las practicas productivas y alimentarias, los conocimientos y las semillas, no solo como reivindicaciones económicas o políticas, sino también culturales, dado que los grandes empresarios y terratenientes han construido una visión pesimista del campo y un sentimiento de vergüenza de ser campesino, pretendiendo borrar el pasado y negar el presente de las luchas agrarias y sociales; esta pérdida de identidad cultural también es causa de la falta de unidad del campesinado.

El modelo económico debe ser sustentable y basarse en la protección de la agricultura, la economía familiar, la biodiversidad y el buen vivir de las poblaciones. El campesinado debe determinar autónoma y soberanamente la producción, la distribución y el consumo agroalimentario para garantizar la autosuficiencia y el fortalecimiento del mercado interno mediante una estructura productiva orientada a generar bienes básicos para alimentar a la población atendiendo  a las necesidades nutricionales y culturales de las comunidades.

(Primer Congreso de la Región Centro ,2012).

Es así, como es necesaria una reforma agraria partida desde quienes la realmente viven y conocen la realidad de nuestro país.

Es importancia dar importancia al proyecto alternativo presentado por el movimiento campesino nacional que parte de los objetivo de la soberanía alimentaria, la defensa de la diversidad étnica y cultural y los derechos territoriales de los grupos étnicos; la reivindicación de la importancia del fortalecimiento de la economía campesina y del papel de la mujer rural y el establecimiento de medidas que conduzcan a la protección del ambiente, el adecuado aprovechamiento del suelo y la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra a su redistribución.

¡EL CAMBIO ES POSIBLE, NO REPETIREMOS MAS LA HISTORIA DE POBREZA Y DESIGUALDAD!